¿Es viable un sistema vasco de pensiones públicas?

Un artículo de José Ramón Urrutia Elorza para ORAIN
Urrutia
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¿Es viable un sistema vasco de pensiones públicas?. Os voy a argumentar mi reflexión:

1.- MARCO LEGAL ACTUAL.

Todo ciudadano de Euskadi debiera conocer que el Estatuto de Autonomía vigente, establece en su artículo 9,2 b), que los poderes públicos vascos deben de mantener e impulsar, en particular, una política tendente a favorecer y mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus habitantes.

Así mismo en su artículo 18, y en lo que hace referencia a la Seguridad Social, dispone que al País Vasco le corresponde a)  “el desarrollo legislativo” de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la Seguridad Social, y b)  la “gestión” del régimen económico de la Seguridad Social.

A este respecto, y en los apartados 4º y 5ºdel citado artículo 18, se faculta a la Comunidad Autónoma del País Vasco para organizar y administrar a tales fines,  dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, y ejercer la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contempladas en este artículo.

Así mismo, los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores, y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca.

Finalmente, y en la disposición transitoria quinta del citado Estatuto, expone que la Comisión Mixta de Transferencia, creada y existente para la aplicación del mismo, establecerá los oportunos CONVENIOS mediante las cuales el País Vasco ASUMIRÁ LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  dentro de su CARÁCTER UNITARIO, y del respeto al principio de SOLIDARIDAD, según los procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios.

Transcurridos  37 años desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, la competencia relativa a los servicios de Seguridad Social, tal como se contempla en la citada ley orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, ni se ha transferido, ni se acepta, ni se admite su legalidad por parte de la Administración Central.

El Gobierno Vasco desde las primeras legislaturas, allá por los años ochenta del siglo pasado, siempre ha tenido dispuesto el proyecto de ley para llevar a cabo la creación del Organismo Autónomo “LAGUNKIDETZA” Instituto Vasco de la Seguridad Social, que tal como decía  el artículo primero del mismo, tenía como finalidad “la gestión y administración de los servicios de seguridad social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de su competencia”. Para mas concreción, en alguno de los presupuestos generales aprobados en la primera y segunda legislatura, y en alguno más reciente,  aparecía en el departamento correspondiente (siempre relacionado con seguridad social), un crédito ampliable para poder llevar a cabo la constitución y desarrollo del citado organismo.

La delimitación y concreción del concepto “del régimen económico de la Seguridad Social”, siempre ha sido el elemento fundamental para tensionar e impedir, hasta este momento, el traspaso de la competencia.

Los principios de solidaridad y unidad financiera son los pilares básicos de la configuración político-jurídica del mencionado régimen económico.

Las funciones de carácter normativo y las de carácter ejecutivo que pudiera llevar adelante Euskadi, y que le corresponderían por el Estatuto de Autonomía, fueron interpretadas con carácter negativo y restrictivo por la sentencia 124/89 del Tribunal Constitucional, que afirmaba en la misma que la gestión de los recursos económicos y la administración financiera del Sistema Público se hacía a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, como competencia exclusiva del Estado, amparado todo ello en los principios de solidaridad y de caja única.

No parece exacto considerar a la Seguridad Social como una institución cuyo objetivo sea la solidaridad financiera interterritorial, cuando existen otros  procedimientos para su consecución y por lo tanto no parece que la transferencia del régimen económico de la seguridad Social, y la gestión del mismo supongan, en ningún caso, una insolidaridad con el resto del Estado,  cuando además la propia gestión llevada por y desde  Euskadi, en el futuro cuando se produzca la trasferencia,  seguro que mejora  la gestión que históricamente ha venido realizando el Estado, y los fines políticos utilizados por el mismo, que en muchos casos, hasta ahora, han prevalecido, han perjudicado  y han empobrecido la misma.

Con respecto al principio de  unidad de caja, que tanto es utilizado por los defensores a ultranza de la situación  actual y el no traspaso a Euskadi, hemos de comentar que el mismo no es un principio constitucional, ni mucho menos.

La Constitución ni siquiera lo menciona en todo lo concerniente a la Seguridad Social, ni tampoco el Estatuto de Autonomía, a lo más el término de caja única pudiera  ser considerado como  un concepto técnico y eminentemente contable, relacionado con los procedimientos de llevanza y administración de las entradas (cotizaciones) y salidas (prestaciones) que se producen en el orden económico y financiero de la Seguridad Social.

Por todo ello, la caja única no es un concepto básico, ni esencial en la práctica,  ya que en la Seguridad Social hay además otras procedencias de recursos ( de las mutuas patronales de accidentes de trabajo, por ejemplo,), para la defensa numantina de la no transferencia de la gestión del régimen económico a Euskadi, sino más bien un aspecto secundario  en lo que hace referencia al régimen económico, ya que la titularidad de los recursos financieros de la Seguridad Social, podría tener varios administradores, en función de lo que estuviera estipulado y especificado en los Estatutos de las diversas Comunidades Autónomas en esta materia.

2. REALIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA ACTUAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

Las cifras que periódicamente aparecen publicadas y comentadas por los medios de comunicación, tomadas de la base de datos de la Seguridad Social, en las que se reflejan por Comunidades Autónomas los datos anuales de ingresos (cotizaciones), y gastos (pensiones atendidas), no indican para el País Vasco una posición positiva, sino al contrario un déficit en los últimos años. De ello se hace una campaña que trata de asustar, de meter miedo y de desmotivar al pensionista actual y a los futuros pensionistas vascos, para no alterar su situación al día de hoy y solicitar el traspaso a un sistema propio vasco, y animándoles  a que continúen formando parte del sistema público estatal, sin informarles totalmente sobre la situación real y futura del mismo.

Los datos territorializados aparecidos en las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, están demostrando que  desde el año 2011, aunque ya en años anteriores hubo también situaciones alarmantes y preocupantes, de las 17 Comunidades Autónomas, solo 3 (Baleares, Canarias y Madrid), tenían un saldo pequeño  positivo en pensiones , porque aportaron con sus cotizaciones mas a la Seguridad Social que el importe de las prestaciones de sus pensionistas, pero el déficit a nivel de todo el estado en Seguridad Social, ese año, superó los 10.000 millones de euros.

En los años sucesivos las cifras no han mejorado, al contrario, los déficits han seguido aumentando, para 2016 se apunta un déficit  próximo a los 16.000 millones de euros, y no existiendo  ninguna Comunidad Autónoma con superávit, sino que las 17 presentan a nivel particular un saldo negativo importante, acumulándose en estos últimos años un déficit que está próximo a los cuarenta mil millones de euros, más de quince mil millones de euros el año pasado 2015. ¿Está el sistema de pensiones a nivel general quebrado?

En el año 2011, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social constituido en años anteriores, contaba con más de sesenta y seis mil millones de euros. Las extracciones que ha tenido que llevar a cabo el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, para poder atender los desfases anuales entre cotizaciones y pensiones pagadas, han dejado la “hucha de pensiones” en una cuantía que dará para cubrir, con la marcha actual del sistema, durante uno o  dos años como máximo. ¿Qué pasará después?

3.PERSPECTIVAS Y SOLUCIONES FUTURAS.

Se están planteando a nivel estatal, tanto en el Pacto de Toledo como entre  los partidos políticos, profesionales expertos y en todos los foros y conferencias relacionadas con el futuro de la Seguridad Social, nuevas reformas a llevar a cabo, que supondrán con toda seguridad, prestaciones  a la baja, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, actuaciones sobre el empleo, aumento de las cotizaciones, retraso en la edad de jubilación,  endurecimiento de las condiciones para el cálculo de la futura pensión,  etc.

Tampoco es solución definitiva la idea de atender las pensiones de viudedad y orfandad, a cargo de impuestos, y no a través, como se viene haciendo hasta ahora, del sistema público de Seguridad Social.

La actual situación  política no hace presagiar perspectivas futuras positivas, y además las adaptaciones y posibles soluciones necesitarán consensos y acuerdos no fáciles de conseguir.

Las perspectivas sociales, económicas y financieras del estado, actualmente y de cara al futuro, no son ni mucho menos satisfactorias, teniendo en cuenta la alta tasa de paro, los déficits anuales, los incumplimientos continuos sobre el mismo, el endeudamiento global existente, los recortes exigidos por la UE, etc., si además a  ello se le incorpora el cuadro macroeconómico del nuevo Plan de Estabilidad 2016-2019, aprobado por el gobierno el 29 de abril, y  presentado a la Unión Europea, parece conveniente reflexionar en profundidad que futuro tenemos en esa realidad tan preocupante.

El sistema público de pensiones, es una de las piedras angulares de la supervivencia de muchas familias en estos momentos, siendo además  un elemento que contribuye a reducir las desigualdades de renta de los hogares, pero el mismo está totalmente deteriorado, y porqué no decirlo, con verdadera necesidad de reformas importantes, que van a suponer recortes y reducciones para los pensionistas actuales y futuros. Mas reformas, y tal vez más profundas que las llevadas a cabo en su larga vida y  en las recientes de los años 2011 y 2013.

Los próximos gobiernos, una vez se agote el Fondo de Reserva, y en el horizonte de hasta 2019, plantearán reformas, que según estudios, producirán recortes de cerca del 40% para los futuros pensionistas, con nuevas  fuentes de financiación procedentes de nuevos impuestos o con parte de los actuales dedicados a complementar las cotizaciones aportadas tanto por las empresas  como por los empleados por cuenta ajena, los trabajadores autónomos, etc. ya que las mismas no van a poder crecer,  en la misma proporción que las prestaciones , debido fundamentalmente a los contratos temporales, parciales y precarios, a las condiciones laborales futuras, a la deflación salarial, a las condiciones retributivas a la baja, a la ralentización de la actividad económica, a los nuevos enfoques del mercado laboral, a la escasez de cotizantes debido al envejecimiento poblacional, etc..

A la vista de la situación actual, y el futuro que le espera al sistema público español, no sería negativo, sino al contrario, y  hay que hacerlo cuanto antes, tal como se ha hecho recientemente en el Parlamento Vasco, con el acuerdo de los partidos nacionalistas, solicitar el traspaso del “régimen económico de la Seguridad Social”, e ir analizando y creando grupos de trabajo para preparar, formular y posteriormente constituir, cuanto antes,  un SISTEMA VASCO DE PENSIONES PUBLICAS.

Lo mismo que la mayoría de las competencias asumidas desde el primer Gobierno Vasco, allá por los años 1981 y siguientes, eran totalmente deficitarias en el momento del traspaso (educación y universidades, sanidad, cultura, industria e investigación, innovación, obras públicas e infraestructuras, servicios sociales, dependencia, agricultura, pesca y turismo etc.), y su gestión ha resultado satisfactoria y positiva para la sociedad vasca, la reivindicación del traspaso, en una primera fase, del régimen económico de la Seguridad Social, debe de ser una realidad urgente, y además se ha de ir planteando, planificando, y  acordando   entre todos los vascos la realidad de un SISTEMA VASCO DE PENSIONES PÚBLICAS, suficiente, equilibrado, sostenible y con futuro cierto y prolongado.

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